Los avances tecnológicos en los vehículos, junto con la creciente preocupación por la reducción de la huella de carbono y la promoción de fuentes de energía sostenibles, impulsan la sucesión de cambios regulatorios que afectan directamente a la movilidad.

La Ley de Movilidad Sostenible tiene como objeto impulsar la progresiva descarbonización del transporte para alcanzar la neutralidad climática en 2050, en este marco, la Ley de Movilidad Sostenible contempla explícitamente la necesidad de reexaminar el sistema de clasificación de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El mandato de la Ley de Movilidad Sostenible

La Disposición adicional decimoquinta de la Ley de Movilidad Sostenible establece el marco legal para la revisión del etiquetado. En un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá presentar un estudio que analice la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT.

Este estudio deberá tener en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.

El trabajo de revisión se llevará a cabo en el seno de un grupo de trabajo interministerial. Dicho grupo incluirá representantes del Ministerio del Interior (DGT), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El estudio también requerirá una consulta a las Comunidades Autónomas.

Contexto y críticas del sistema actual

Actualmente, sigue vigente la clasificación ambiental de la DGT, basada en la emisión de contaminantes, que distingue entre las etiquetas 0 Emisiones (para eléctricos y PHEV con autonomía superior a 40 km), ECO (para híbridos y vehículos a gas), C, y B. El resto de los vehículos, considerados el 50% más contaminante, no posee distintivo.

Las etiquetas son un elemento clave para la regulación del acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades españolas, permitiendo el acceso restringido y condicionando beneficios fiscales y ventajas como descuentos en aparcamiento o peajes.

No obstante, el sistema actual es objeto de críticas. Algunos argumentan que no refleja completamente el impacto real de los vehículos, ya que ciertos vehículos con etiqueta ECO pueden seguir emitiendo niveles significativos de contaminación. Además, se señala la posible generación de desigualdades sociales, ya que las etiquetas pueden beneficiar a quienes poseen vehículos más nuevos y tecnológicos, lo cual puede ser injusto para personas con recursos limitados en el acceso a zonas de circulación restringida.

Etiquetas ambientales de la DGT (0, ECO, C y B)

Alineación con la sostenibilidad

La necesidad de un sistema de etiquetado más riguroso se alinea con los principios rectores de la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada, que exigen que los sistemas de transporte y movilidad sean ambiental, social y económicamente sostenibles. Estos principios incluyen:

  1. Priorización de la descarbonización a través de la electrificación y el uso de combustibles renovables, la eficiencia energética y el respeto al entorno natural y urbano. Las políticas de movilidad deben velar por la salud de las personas, reduciendo las emisiones que afectan al medioambiente, la calidad del aire y el ruido.
  2. La ley promueve que las entidades públicas o privadas que presten o comercialicen servicios de transporte o movilidad, de personas o mercancías, realicen el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (huella de carbono) de ese servicio. El resultado de este cálculo debe ser facilitado a los usuarios del servicio.
  3. El Gobierno desarrollará reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada de vehículos antiguos del parque móvil español, priorizando la sustitución de vehículos con mayor antigüedad de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóviles y motos) por su riesgo para la seguridad vial y su efecto contaminador.
  4. La Ley introduce la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que habilita a los municipios para establecer una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación en las ZBE. Además, se modifica la regulación de ZBE para que las entidades locales incluyan objetivos anuales mínimos de implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público dentro y fuera de las ZBE.
  5. La administración debe velar por incentivar un esquema de movilidad que, en el ámbito urbano, favorezca la movilidad activa, el transporte público colectivo y los esquemas de movilidad de alta ocupación. En relación con el vehículo privado, deben primarse las tecnologías que supongan menores emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.

Impacto en los conductores

Aunque el estudio de revisión de las etiquetas está en curso, se anticipa que los cambios buscan hacer la clasificación más rigurosa y realista. Esto podría resultar en la reclasificación de vehículos híbridos y diésel (solo los híbridos con alta autonomía eléctrica y bajas emisiones reales mantendrían la etiqueta ECO) y la reserva de la Etiqueta Cero únicamente para vehículos 100% eléctricos o de pila de combustible.

Una novedad esperada, que se alinea con el impulso de la digitalización en la Ley de Movilidad Sostenible es que la nueva clasificación podría vincularse digitalmente a la matrícula y actualizarse en función del uso real del vehículo, como el consumo, el kilometraje en modo eléctrico y la generación de emisiones en condiciones de circulación habituales.

Esta reclasificación tendrá un impacto directo en millones de conductores, ya que los vehículos que pierdan su etiqueta actual podrían enfrentarse a restricciones de acceso más estrictas en zonas centrales urbanas, así como a la pérdida de beneficios fiscales y en el aparcamiento.

Por lo tanto, y para no tener sorpresas se recomienda mantenerse informado sobre las modificaciones normativas.