Uno de los principales problemas de la seguridad vial es que en nombre de la misma todo el mundo habla y la representa. Cualquier colectivo, persona, asociación, institución o sector argumenta y defiende la importancia que “su tema” tiene para resolver el “grave” problema de la seguridad vial. Negocios, opiniones, tertulias y conversaciones pueden apoyarse sin problemas en el cómodo “cojín” de la seguridad vial: todos alegan, inclusión con pasión. “Porque las infraestructuras, porque el parque de vehículos, porque la educación vial,….”.

No obstante, si intentamos dotarnos de un cierto rigor lo cierto es que las estadísticas indican que detrás de los accidentes de tráfico está en un 85% de los casos el factor humano. Y, que dentro de ese 85% factor humano, en un 75% de los casos lo que estaba detrás era un comportamiento infractor. En resumen y en definitiva, el peso de la “inseguridad vial” se arrastra, como una losa, por las acciones de los conductores contrarias a la norma.

Siendo así las cosas, “muchos” propondrán “muchas” soluciones. Pero lo cierto, la realidad experimentada de los países “vialmente” desarrollados nos dice que la reducción drástica de la siniestralidad, el salto cualitativo por el que un país baja de 100 fallecidos por millón de habitantes tiene lugar cuando un elemento comienza a funcionar de modo eficiente: la fiscalización vial.

Se entiende por fiscalización vial el conjunto de medidas y herramientas de que dispone un gobierno para que la masa general de conductores cumpla la ley de tráfico. Las denuncias de los Agentes, el permiso por puntos, los radares o el control de los tiempos de conducción y descanso son algunos de los elementos del sistema de fiscalización. En este contexto, el instrumento principal es uno: la gestión eficiente del procedimiento sancionador. O, dicho de otro modo, el sistema jurídico – operativo trazado por la autoridad para castigar de modo efectivo los comportamientos infractores de los conductores. La cadena es sencilla: los comportamientos infractores con más riesgo para la seguridad vial (grandes excesos de velocidad, ingesta de alcohol, no uso de los sistemas de protección – casco, cinturón de seguridad,….) desaparecen cuando los conductores saben que “quien la hace la paga”, y además, “la paga rápido”. Cuando saben que infringir tendrá consecuencias, y además, inmediatas, sin demora. Tan sencillo como esto, tan complejo como conseguirlo.

El problema principal hasta el momento es que, siendo el sistema de fiscalización el 70% de la solución del problema (al “modificar” ese 85% comportamiento/factor humano causante de la siniestralidad) no había sido estudiado y trabajado como tal.

Desde hace varios años, y basado en las experiencias de éxito – principalmente, el caso español – , PONS Seguridad Vial ha desarrollado una metodología propia que analiza el sistema de fiscalización de un determinado territorio (país, región, municipio). Son indicadores de esta metodología el número denuncias en función de la población conductora, de controles de alcoholemia, el importe económico medio de las sanciones, la gestión de las notificaciones o el porcentaje de sanciones abonadas. Todos estos indicadores concluyen en “la fórmula” : el número de sanciones “cumplidas” se liga directamente a la siniestralidad del país.

En conclusión y en definitiva: son muchas y muy diferentes las acciones, trabajos, tareas y actuaciones en materia de seguridad vial. Educación vial, parque de vehículos, formación de conductores, mejora de las infraestructuras,…. Cada una aporta su parte a la solución. Sin embargo, no debemos ni podemos engañarnos cuando queramos realmente afrontar el problema de seguridad vial de un determinado territorio: un sistema de fiscalización eficiente es la única garantía de una reducción drástica y continuada de la tasa de siniestralidad.

 

Ramón Ledesma
Asesor de PONS Seguridad Vial

 

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