El objeto de las políticas públicas es la información, gestión y resolución de los “grandes problemas” que afectan a la sociedad en una determinada materia o ámbito. No tienen por finalidad resolver uno o varios casos concretos, sino problemas realmente graves y serios de la sociedad. Las políticas públicas de seguridad vial no son una excepción: su finalidad es resolver los grandes problemas de inseguridad vial. La Administración del tráfico debe decidir y aprobar medidas y acciones para solventar y reducir las “grandes” causas de producción de fallecidos y heridos en las vías, esto es: los 1160 fallecidos y más de cinco mil heridos hospitalizados en 2016.
Con este fin, la política pública se concreta en regular las actividades de gran riesgo para la sociedad en dos fases: otorgando una autorización y controlando su uso. En el tráfico, los exámenes teóricos y prácticos “otorgan” la autorización y sistema de puntos “controla” su uso.
El RACE, tras la presentación anual de resultados de la política de seguridad vial, ha propuesto estudiar la viabilidad de este modelo para los ciclistas: una autorización para conducir la bicicleta y un carnet por puntos para su uso. Una primera pregunta: ¿qué solución aporta esta medida al problema? ¿qué resuelve? Del estudio de las 6.105 personas entre fallecidos y heridos graves se deduce que nada. Los fallecidos y heridos graves se producen por los conductores de vehículos de motor, queramos o no. Los ciclistas son las víctimas, no la causa de ellas. Ellos son los vulnerables.
Centremos por tanto el debate que nos ocupa e intentemos establecer medidas sobre los actores productores de la siniestralidad. No hacerlo es no avanzar. Y no avanzar es fracasar como “marca país” que es España en seguridad vial.
Por Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial
